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El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra el Servicio de V…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió los amparos presentados contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Arica-Parinacota, ordenando la entrega de la información solicitada sobre proyectos habitacionales. La decisión dispone que, previamente, se tarjen los datos comerciales, financieros, contables y tributarios de los titulares, así como los datos personales de contexto contenidos en los documentos requeridos. Además, se apercibe a la autoridad del servicio con las sanciones previstas en la Ley de Transparencia, que incluyen multas y suspensión del cargo, en caso de incumplimiento. Contra esta resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Resolución Exenta N° 491
  • Artículo 9 de la Ley N° 19.880
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si un servicio público no entrega la información solicitada por transparencia activa o pasiva en Chile?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió los amparos contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de Arica-Parinacota y ordenó la entrega de la información sobre proyectos habitacionales. Además, apercibió a la autoridad del servicio con las sanciones previstas en la Ley de Transparencia, como multas y suspensión del cargo, en caso de incumplimiento.

¿Se puede entregar información de proyectos habitacionales con datos de terceros protegidos por la ley?

En este caso, el Consejo ordenó la entrega de la información, pero dispuso que antes se tarjen los datos comerciales, financieros, contables y tributarios de los titulares, así como los datos personales de contexto contenidos en los documentos.

¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo, qué recurso procede?

En este caso, el Consejo sostuvo que contra su resolución procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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