La Contraloría General de la República se pronunció sobre si un proyecto ubicado en hum…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si un proyecto ubicado en humedales declarados sitios prioritarios para la conservación, que constituyen áreas bajo protección oficial según el artículo 10, letra p), de la Ley N° 19.300, debe someterse necesariamente al S.E.I.A.. El organismo concluyó que no todo proyecto en un área protegida debe ingresar al SEIA, sino solo aquellos relevantes por el impacto ambiental que pueden provocar. En consecuencia, encomendó a la Superintendencia del Medio Ambiente ponderar la procedencia de requerir, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental, el ingreso del proyecto al procedimiento de calificación ambiental. Asimismo, dispuso que el SEA adopte las medidas necesarias para ajustar sus actuaciones a lo señalado, debiendo ambos organismos informar las medidas adoptadas en un plazo de 30 días hábiles.
Normas citadas
ley 19300 art/8 inc/1
ley 19300 art/9 inc/1
ley 19300 art/10 lt/p
ley 20417 art/tercero tran
ley 20283 art/17 inc/1
ley 20283 art/17 inc/3
dto 82/2010 AGRIC art/10
dto 82/2010 AGRIC art/12
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Todo proyecto ubicado en un humedal protegido debe ingresar necesariamente al SEIA?
No, según este dictamen de la Contraloría, no todo proyecto en un área protegida debe ingresar al SEIA, sino solo aquellos que, por el impacto ambiental que puedan provocar, sean relevantes.
¿Quién decide si un proyecto en un humedal prioritario debe someterse a calificación ambiental?
En este caso, la Contraloría encomendó a la Superintendencia del Medio Ambiente ponderar si corresponde requerir el ingreso del proyecto al procedimiento de calificación ambiental, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental.
¿Qué deben hacer el SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente tras este pronunciamiento de la Contraloría?
La Contraloría dispuso que el SEA ajuste sus actuaciones a lo señalado y que ambos organismos informen las medidas adoptadas en un plazo de 30 días hábiles.
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