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La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió un…

Sentencia · Corte Suprema · 2021

Resumen

La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió una acción de protección presentada por una sociedad agrícola contra la Dirección General de Aguas. La recurrente había iniciado un procedimiento administrativo en 2015 que, a la fecha del fallo, seguía sin resolverse, aunque la DGA alegó esfuerzos de reestructuración para agilizar sus trámites. El tribunal estimó que esa inactividad era ilegal y arbitraria a la luz de la Ley 19.880, que consagra los principios de eficiencia y celeridad, y ordenó a la DGA dar término al procedimiento en un plazo máximo de 90 días, contado desde que el expediente esté en condiciones de que la autoridad emita su pronunciamiento.

Normas citadas

  • Ley 19.880
aguasCorte Suprema

Preguntas frecuentes

¿Constituye ilegal y arbitraria la demora de la Administración en resolver un procedimiento administrativo que lleva años sin decidirse?

En este caso, la Corte Suprema estimó que la inactividad de la Dirección General de Aguas en resolver un procedimiento iniciado en 2015 era ilegal y arbitraria, a la luz de los principios de eficiencia y celeridad de la Ley 19.880, pese a los esfuerzos de reestructuración alegados por el organismo.

¿Puede la Corte Suprema acoger una acción de protección para obligar a la Administración a terminar un procedimiento administrativo pendiente?

En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, acogió la acción de protección y ordenó a la Dirección General de Aguas dar término al procedimiento en un plazo máximo de 90 días, contado desde que el expediente esté en condiciones de resolverse.

¿Qué plazo puede fijar un tribunal para que la Administración resuelva un procedimiento que ha quedado paralizado?

En este caso, la Corte Suprema fijó un plazo máximo de 90 días para que la Dirección General de Aguas emita su pronunciamiento, contado desde que el expediente esté en condiciones de que la autoridad decida.

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