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La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso…

Sentencia · Corte Suprema · 2016

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección interpuesto por dos sociedades contra la Dirección General de Aguas, por la dilación injustificada en la tramitación de sus solicitudes de traslado de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales. El máximo tribunal consideró que la demora excesiva, que superó ampliamente el plazo de cuatro meses establecido en el artículo 134 del Código de Aguas, constituye una actuación arbitraria e ilegal que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, pues las recurrentes fueron objeto de un trato discriminatorio. En consecuencia, se ordenó a la autoridad administrativa emitir pronunciamiento respecto de las solicitudes.

Normas citadas

  • Art. 134 Código de Aguas
  • Art. 20 Constitución Política de la República
aguasCorte Suprema

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la Dirección General de Aguas demora más de cuatro meses en resolver una solicitud de traslado de derechos de aprovechamiento de aguas?

En este caso, la Corte Suprema confirmó que la demora excesiva, que superó ampliamente el plazo de cuatro meses del artículo 134 del Código de Aguas, constituye una actuación arbitraria e ilegal. Ordenó a la autoridad emitir un pronunciamiento sobre las solicitudes.

¿La demora de la Dirección General de Aguas en tramitar solicitudes de traslado de derechos de agua puede vulnerar la garantía de igualdad ante la ley?

En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la dilación fue además un trato discriminatorio hacia las recurrentes, lo que vulnera la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución. Por ello acogió el recurso de protección.

¿Procede el recurso de protección contra la Dirección General de Aguas por la tardanza en resolver solicitudes de traslado de derechos de aguas?

En este caso, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió el recurso de protección por la dilación injustificada en la tramitación de las solicitudes. Así, consideró que la tardanza afectaba garantías constitucionales de las recurrentes.

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