La Corte Suprema confirma la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección int…

Resumen

La Corte Suprema confirma la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección interpuesto por un funcionario público cuya contrata no fue prorrogada. El recurrente alegaba que la decisión de no renovar su vínculo laboral era ilegal, pero la Corte sostiene que, conforme al Estatuto Administrativo, los cargos a contrata expiran el 31 de diciembre de cada año si no se propone su prórroga. La autoridad no está obligada a fundamentar la no prórroga, salvo que el funcionario esté protegido por el principio de confianza legítima. En el caso, el recurrente no cumplía con el requisito de cinco años de desempeño continuo en el cargo para gozar de dicha protección. Por lo tanto, la cesación en sus funciones es válida y no requiere mayor justificación. La decisión se basa en los artículos 3° y 10 de la Ley N°18.834 y el artículo 2° de la Ley N°18.883.