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La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 297, de 2010, del…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República tomó razón de la resolución N° 297, de 2010, del Servicio de Registro Civil e Identificación, que aprueba el compendio de aclaraciones del proceso de licitación pública del "Proyecto Integración de Plataforma Tecnológica, Comunicaciones e Informática" para ese Servicio. El acto fue considerado ajustado a derecho, pero con alcance: la toma de razón se entiende referida a que dicho acto regulariza las aclaraciones que modificaron las bases durante el plazo de presentación de ofertas, conforme al punto 1.8 de las Bases Administrativas aprobadas por la resolución N° 373, de 2009, de ese Servicio.

Normas citadas

  • Resolución N° 297, de 2010
  • Resolución N° 373, de 2009
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público modificar las bases de una licitación pública durante el plazo de presentación de ofertas mediante aclaraciones?

En este caso, la Contraloría tomó razón de la resolución que aprueba el compendio de aclaraciones del Servicio de Registro Civil e Identificación, considerándola ajustada a derecho. Sostuvo que el acto regulariza aclaraciones que modificaron las bases durante ese plazo, conforme al punto 1.8 de las Bases Administrativas.

¿Qué alcance tiene la toma de razón de un acto administrativo que aprueba aclaraciones a las bases de una licitación?

La Contraloría precisó que la toma de razón se entiende referida a que el acto regulariza las aclaraciones que modificaron las bases durante el plazo de presentación de ofertas. No se pronuncia más allá de ese punto, por lo que el alcance es acotado a esa regularización.

¿Qué sucede con las aclaraciones a las bases de una licitación pública en Chile cuando se formulan dentro del plazo de ofertas?

En este caso, el organismo consideró que las aclaraciones fueron incorporadas mediante un acto aprobatorio regularizado conforme al punto 1.8 de las Bases Administrativas aprobadas por la resolución N° 373, de 2009. La Contraloría estimó que dicho acto estaba ajustado a derecho, con el alcance señalado.

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