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La Contraloría General de la República dio curso a la resolución N° 490, de 2009, del S…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República dio curso a la resolución N° 490, de 2009, del Servicio de Registro Civil e Identificación, que aprueba el contrato celebrado con la empresa Pragma Informática S.A. para desarrollar el sistema del registro de prendas sin desplazamiento, previsto en el artículo 14 de la ley N° 20.190. El organismo concluyó que el acuerdo se ajusta a derecho. No obstante, hizo presente que, según el numeral 9 del pliego de condiciones de la licitación, el orden de precedencia entre los documentos del contrato debe ser: primero las bases de licitación, luego la propuesta técnica y la económica, y finalmente el contrato y sus anexos. Por ello, no resulta aplicable el orden fijado en la cláusula segunda del convenio.

Normas citadas

  • ley 20190 art/14
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué orden de precedencia deben seguir los documentos de un contrato de licitación pública cuando hay contradicciones entre ellos?

En este caso, la Contraloría General de la República señaló que el orden debe seguir lo fijado en el numeral 9 del pliego de condiciones: primero las bases de licitación, luego la propuesta técnica y económica, y finalmente el contrato y sus anexos. Por eso no se aplica el orden establecido en la cláusula segunda del convenio.

¿Puede un contrato del Registro Civil para desarrollar el sistema de registro de prendas sin desplazamiento ser tomado de razón si se ajusta a derecho?

En este caso, la Contraloría dio curso a la resolución que aprueba el contrato para desarrollar el sistema del registro de prendas sin desplazamiento previsto en el artículo 14 de la ley N° 20.190, concluyendo que se ajusta a derecho. Sin embargo, hizo presente la regla de precedencia documental del pliego.

¿Qué efecto tiene una cláusula contractual que contradice el pliego de condiciones de una licitación pública?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la cláusula segunda del convenio, que fijaba un orden de precedencia distinto, no resulta aplicable, prevaleciendo el orden establecido en el pliego de condiciones de la licitación.

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