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Tributario

El Servicio de Impuestos Internos se pronunció sobre una consulta de una empresa de tra…

Oficio · Servicio de Impuestos Internos · 2009

Resumen

El Servicio de Impuestos Internos se pronunció sobre una consulta de una empresa de transporte de pasajeros que pretendía acogerse a la franquicia del artículo 1° de la Ley N° 19.764, que permite recuperar un porcentaje de los peajes pagados en plazas interurbanas concesionadas. El Servicio explicó que la ley fiscaliza el beneficio y que sus requisitos exigen que el beneficiario sea una empresa de transporte público, definido por el Decreto Supremo N° 212 de 1992. Por ello no accedió a certificar que la empresa cumpliera las exigencias, porque la constancia de autorización de sus vehículos los identificaba como servicios de transporte privado remunerado de pasajeros, regulado por el Decreto Supremo N° 80 de 2004. El oficio concluye que la solicitante no cumple el requisito de transporte público para acceder al beneficio.

Normas citadas

  • Ley de Impuesto a la Renta
SIIServicio de Impuestos Internosjurisprudencia administrativaoficioLey de Impuesto a la Renta

Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa de transporte privado remunerado de pasajeros acogerse a la franquicia de recuperación de peajes interurbanos?

En este caso, el SII sostuvo que no, porque la empresa no cumplía el requisito de ser transporte público. Sus vehículos estaban autorizados como transporte privado remunerado de pasajeros, por lo que no certificó que cumpliera las exigencias del beneficio.

¿Qué exige la franquicia de la Ley 19.764 sobre recuperación de peajes para el beneficiario?

En este caso, el SII explicó que la franquicia exige que el beneficiario sea una empresa de transporte público, conforme a la definición del Decreto Supremo N° 212 de 1992. Por eso revisó la autorización de la empresa antes de certificar sus requisitos.

¿Cómo se determina si un servicio de transporte de pasajeros es público o privado para efectos tributarios?

En este caso, el SII se basó en la constancia de autorización de los vehículos, que los identificaba como servicios de transporte privado remunerado regulado por el Decreto Supremo N° 80 de 2004. Concluyó que esa calificación impedía acceder al beneficio.

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