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La Contraloría General de la República se pronunció sobre una transacción extrajudicial…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2010

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre una transacción extrajudicial suscrita por la Municipalidad de Puchuncaví con AES Gener S.A. y Empresa Eléctrica Campiche S.A., vinculada al proyecto termoeléctrico Campiche. El organismo concluyó que la municipalidad estaba facultada para suscribirla, pues se cumplió formalmente con la normativa al existir acuerdo del concejo municipal a propuesta del alcalde. Sin embargo, recordó que la Administración solo puede transigir si con ello se amparan suficientemente los intereses del servicio, y que estos contratos no pueden abarcar materias regladas por la ley ni implicar que el municipio deje de cumplir sus atribuciones ambientales, conforme a la Ley N° 18.695 y a la Ley N° 19.300. Por ello, la atribución fue reconocida con las precisiones señaladas.

Normas citadas

  • ley 18695 art/65 lt/h
  • dfl 1/2006 inter
  • cci art/2446 inc/1
  • pol art/6 pol art/7
  • dto 100/2005 sepre
  • ley 18695 art/4 lt/b ley 18695 art/5 inc/3
  • ley 19300 art/65
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad firmar una transacción extrajudicial con una empresa?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la municipalidad estaba facultada para suscribir la transacción, pues se cumplieron los requisitos formales, incluido el acuerdo del concejo municipal a propuesta del alcalde. Recordó que solo procede si con ello se amparan suficientemente los intereses del servicio.

¿Una transacción municipal puede dejar sin efecto las atribuciones ambientales del municipio?

No. El organismo precisó que estos contratos no pueden abarcar materias regladas por la ley ni implicar que el municipio deje de cumplir sus atribuciones ambientales, conforme a la Ley N° 18.695 y a la Ley N° 19.300.

¿Qué límites tiene la facultad de las municipalidades para transigir en proyectos termoeléctricos?

En este caso, la Contraloría reconoció la atribución con precisiones: la transacción debe amparar suficientemente los intereses del servicio y no puede excluir el cumplimiento de las competencias ambientales municipales vinculadas al proyecto Campiche.

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