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La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de Aysén vulneró…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República determinó que la Municipalidad de Aysén vulneró el principio de probidad al celebrar un convenio con la empresa Energía Austral SpA y aceptar una donación de esta, en los años 2014 y 2015, respectivamente. Lo anterior, porque el municipio se encontraba impedido de realizar tales actos mientras el proyecto Central Hidroeléctrica Cuervo estaba en evaluación ambiental y existían reclamaciones pendientes ante el Comité de Ministros, ya que ello afectaba potencialmente la imparcialidad exigida por la ley N° 18.575. Se ordenó instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

Normas citadas

  • Pol art/8
  • ley 18575 tit/iii
  • ley 18575 art/52
  • ley 18575 art/53
  • ley 18695 art/40
  • ley 19300 art/8 inc/3
  • dto 40/2012 minma art/24 inc/3
  • dto 40/2012 minma art/33
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿Puede un municipio celebrar convenios o aceptar donaciones de una empresa que tiene un proyecto en evaluación ambiental?

En este caso, la Contraloría General de la República determinó que no, pues el municipio estaba impedido de celebrar el convenio y aceptar la donación mientras el proyecto estaba en evaluación ambiental y existían reclamaciones pendientes, ya que ello afectaba potencialmente su imparcialidad. Por eso concluyó que vulneró el principio de probidad.

¿Qué consecuencias tiene para un municipio vulnerar el principio de probidad administrativa según la Contraloría?

En este caso, la Contraloría sostuvo que la Municipalidad de Aysén vulneró el principio de probidad y ordenó instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades. El resumen no detalla sanciones específicas.

¿Qué efecto tiene la imparcialidad exigida por la ley 18.575 en la actuación de las municipalidades frente a empresas con proyectos sometidos a evaluación?

En este caso, la Contraloría señaló que la imparcialidad exigida por la ley 18.575 puede verse afectada cuando el municipio mantiene vínculos con una empresa que tiene un proyecto en evaluación y reclamaciones pendientes ante el Comité de Ministros. Ese riesgo fue la base para declarar la infracción.

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