La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presenta…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República rechazó la solicitud de reconsideración presentada por la Municipalidad de Coyhaique respecto del dictamen N° 15.860, de 2012, que había acogido una denuncia sobre un posible conflicto de intereses del alcalde en actuaciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico Aysén. La municipalidad alegaba que la competencia para conocer el caso correspondía al Tribunal Electoral Regional y que el dictamen vulneraba el principio de juridicidad y la garantía del debido proceso. El organismo fiscalizador concluyó que el dictamen se emitió dentro de sus facultades fiscalizadoras, que no había excedido su competencia ni realizado labor de juzgamiento, y que la determinación de si las actuaciones del edil contravienen el principio de probidad compete al Tribunal Electoral Regional conforme a la ley N° 18.695. Como no se aportaron nuevos antecedentes de hecho o de derecho, se ratificó el pronunciamiento en todas sus partes.
Normas citadas
ley 18575 art/62 num/6
ley 19880 art/12 num/1
ley 18883 art/1
pol art/98
ley 10336 art/1
ley 10336 art/6 inc/1
ley 18695 art/51
ley 18695 art/52
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría puede determinar si un alcalde incurrió en conflicto de intereses o le corresponde al Tribunal Electoral Regional?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que su dictamen se emitió dentro de sus facultades fiscalizadoras y no constituyó labor de juzgamiento. Sostuvo que determinar si las actuaciones del alcalde contravienen el principio de probidad compete al Tribunal Electoral Regional, conforme a la ley N° 18.695.
¿Procede la reconsideración de un dictamen de Contraloría si no se presentan nuevos antecedentes de hecho o de derecho?
En este caso, la Contraloría rechazó la solicitud de reconsideración de la Municipalidad de Coyhaique porque no se aportaron nuevos antecedentes de hecho o de derecho. Por ello, ratificó el dictamen impugnado en todas sus partes.
¿Vulnera el principio de juridicidad y el debido proceso un dictamen de Contraloría que acoge una denuncia sobre conflicto de intereses de un alcalde?
En este caso, la municipalidad alegó que el dictamen vulneraba la juridicidad y el debido proceso, pero la Contraloría sostuvo que no excedió su competencia. Concluyó que el pronunciamiento se ajustó a sus facultades fiscalizadoras y no implicó una vulneración de esas garantías.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2011
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