Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de las circulares N°s 1454, de 2007, y 1608, de 2009, de la Superintendencia de Pensiones, que fijan las tablas de reajustes e intereses penales que deben aplicar las administradoras de fondos de pensiones. La consulta fue presentada por un particular, quien sostenía que dichas tablas estaban mal calculadas. El órgano contralor ratificó sus pronunciamientos anteriores, en los que había concluido que la Superintendencia, al dictar la circular cuestionada, solo ejerció las atribuciones que la ley le confiere, por lo que su actuación se ajustó a derecho. Además, indicó que el cálculo de los reajustes e intereses debe efectuarse conforme a los incisos décimo, undécimo, duodécimo y décimo tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, materia en la que no tiene competencia por su carácter técnico. Como no se presentaron antecedentes nuevos, no hubo fundamento para modificar la decisión anterior.