Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la legalidad de las circulares mensuales de la Superintendencia de Pensiones que fijan las tablas de reajustes e intereses penales que deben aplicar las administradoras de fondos de pensiones, cuestionadas por supuestos errores de cálculo. El órgano concluyó que la Superintendencia, al dictar dichas circulares, sólo ejerció las atribuciones que la ley le confiere, por lo que su actuación se ajusta a derecho. Precisó que el cálculo debe hacerse conforme a los incisos décimo, undécimo, duodécimo y décimo tercero del artículo 19 del decreto ley N° 3.500, de 1980, y que se trata de una determinación técnica en la que no le corresponde competencia. Al no existir antecedentes nuevos, ratificó los pronunciamientos anteriores.