Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la Superintendencia de Pensiones tiene competencia para fijar las tablas de reajustes e intereses penales que deben pagarse por las cotizaciones previsionales enteradas con retraso. El órgano concluyó que la Superintendencia es la entidad con atribuciones para dictar la normativa general que fije dichas tablas, en virtud de su potestad normativa sobre el sistema de pensiones. Sin embargo, señaló que la Contraloría no tiene competencia para revisar la determinación del cálculo de esos reajustes e intereses, por tratarse de un procedimiento de carácter técnico. Además, desestimó nuevamente la solicitud del peticionario por no existir elementos nuevos que justificaran modificar decisiones anteriores, advirtiendo que nuevas presentaciones idénticas serían archivadas. Finalmente, indicó que el peticionario ya había reclamado la misma materia ante un juzgado de cobranza laboral y previsional, que puso término a la causa, y que pretender modificar lo resuelto judicialmente vulnera el artículo 6° de la ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría.