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La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la pensión de reparación d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la pensión de reparación de la ley N° 19.992 es incompatible con el bono especial para docentes jubilados del artículo 4° de la ley N° 20.501. Una profesional de la educación reclamó que el Ministerio de Educación le había negado el bono por percibir aquella pensión. El Instituto de Previsión Social y el propio Ministerio sostuvieron que la pensión tiene naturaleza especial, reparatoria o indemnizatoria y no previsional. Reiterando su dictamen N° 59.931, de 2011, el organismo concluyó que estos beneficios no tienen origen previsional, por lo que no deben sumarse para el tope de $250.000 mensuales brutos. Así, quien cumpla los demás requisitos legales puede acceder al bono, postulando en la Dirección Provincial de Educación de su domicilio conforme al decreto N° 186, de 2011.

Normas citadas

  • ley 19992
  • ley 20501 art/4
  • dto 186/2011 educa art/6
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿La pensión de reparación de la ley 19.992 es incompatible con el bono especial para docentes jubilados de la ley 20.501?

No. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la pensión de reparación no tiene origen previsional, por lo que no se suma para el tope mensual del bono. Quien cumpla los demás requisitos legales puede acceder al beneficio.

¿Cómo se calcula el tope de ingresos para acceder al bono especial de docentes jubilados?

En este caso, el organismo determinó que los beneficios de naturaleza reparatoria o indemnizatoria no deben sumarse para el tope de $250.000 mensuales brutos. Solo se consideran los ingresos de origen previsional.

¿Dónde debe postular un docente jubilado al bono especial del artículo 4° de la ley 20.501?

En este caso, la Contraloría indicó que la postulación se realiza en la Dirección Provincial de Educación del domicilio del interesado, conforme al decreto 186 de 2011. Así se resolvió el caso de una profesional a quien el Ministerio había negado el bono.

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