Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre si la pensión no contributiva que reciben los exonerados políticos, regulada por la ley N° 19.234, debe considerarse al determinar el bono especial para docentes jubilados del artículo 4° de la ley N° 20.501. Según la norma, el bono procede solo si la suma de pensiones y beneficios previsionales no supera los $250.000 mensuales brutos, calculados sobre el promedio de los últimos seis meses. El organismo concluyó que, aunque esta pensión no constituye un beneficio de régimen, tiene fundamento impositivo, pues exige haber tenido afiliación previsional y un mínimo de cotizaciones, por lo que debe incluirse en ese cálculo. En el caso concreto, el interesado percibía la pensión no contributiva junto con una pensión de vejez del sistema del decreto ley N° 3.500, y ambas superaban el tope, por lo que no tenía derecho al bono. El dictamen se transcribió al Ministerio de Educación y a la Contraloría Regional de Valparaíso.