Resumen
La Contraloría General de la República conoció un reclamo de un funcionario sancionado en un procedimiento disciplinario seguido en la Unidad de Análisis Financiero, contenido en la resolución N° 23, de 2013. El recurrente alegaba vicios en el proceso, entre ellos que los cargos no indicaban las conductas imputadas, que no se consideraron antecedentes a su favor, que no tuvo acceso a la resolución que fijó puntos de prueba y que sus medios probatorios fueron mal ponderados. El órgano contralor desestimó cada alegación: los cargos sí describían la inasistencia imputada, el inculpado confirmó por correo electrónico la recepción de la resolución de prueba, y no se acreditó documentalmente el supuesto ocultamiento. Recordó que, aunque vela por el debido proceso, no puede sustituir a la Administración en la valoración de la prueba, y no advirtió ilegalidades ni arbitrariedades. En consecuencia, tomó razón del acto administrativo por ajustarse a derecho.