El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Viña del Mar, que había denegado la entrega de información sobre un funcionario público. El Consejo consideró que se trataba de información de carácter público y que el órgano no acreditó la remisión de los antecedentes ni invocó alguna causal de reserva que justificara la negativa. Por ello, ordenó la entrega de lo solicitado, previo tarjado de los datos personales de contexto que pudieran aparecer. Si la información, o parte de ella, no obrara en poder del órgano, deberá comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundamentando detalladamente las razones. La resolución advierte sanciones por el incumplimiento de lo ordenado y exige acreditar la entrega dentro del plazo establecido. Contra esta decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, en el plazo de 15 días corridos.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio negarse a entregar información sobre un funcionario público si no invoca una causal de reserva?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que no, porque la información era pública y la Municipalidad no acreditó la remisión de los antecedentes ni invocó una causal de reserva que justificara la negativa. Por eso ordenó su entrega, previo tarjado de los datos personales de contexto.
¿Qué debe hacer un órgano si no tiene la información que le piden en un amparo de transparencia?
Según esta resolución, si la información o parte de ella no obra en poder del órgano, debe comunicarlo al reclamante y al Consejo, fundamentando detalladamente las razones. Además, debe acreditar la entrega dentro del plazo establecido.
¿Cuál es el plazo para reclamar de ilegalidad contra una decisión del Consejo para la Transparencia?
En este caso, el resumen indica que contra la decisión procede el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos. La resolución también advierte sanciones por incumplir lo ordenado.
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