La Corte Suprema, en sentencia de tercera sala sobre materia administrativa, conoció un…
Sentencia · Corte Suprema · 2005
Resumen
La Corte Suprema, en sentencia de tercera sala sobre materia administrativa, conoció una demanda de nulidad de derecho público que sostenía que la Constitución de 1980 había derogado tácitamente el Decreto Ley Nº 2.695, de 1979, que regula la regularización de la pequeña propiedad raíz. El tribunal consideró que el D.L. vigente se había dictado bajo el Acta Constitucional Nº 3 de 1976, que ya contenía la garantía del artículo 19 Nº 24, por lo que no existía una norma constitucional nueva que produjera derogación tácita. Además, estimó que no había colisión entre el decreto ley y dicha garantía, pues la Constitución exige que el modo de adquirir la propiedad se establezca por ley. En consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia en cuanto acogía la demanda y la rechazó.
Normas citadas
D.L. 2695
Ley N° 2.695
Código Civil
Resolución N° 655
Artículo 52 del Código Civil
Código de Procedimiento Civil
Ley N° 18.575
Ley N° 18.148
Revista de Derecho del CDEjurisprudencia de interés fiscalRecurso de Casación en el Fondo
Preguntas frecuentes
¿La Constitución de 1980 derogó tácitamente el Decreto Ley N° 2.695 sobre regularización de la pequeña propiedad raíz?
No. En este caso, la Corte Suprema sostuvo que el decreto ley se dictó bajo el Acta Constitucional N° 3 de 1976, que ya contenía la garantía del derecho de propiedad, por lo que no hubo una norma constitucional nueva que produjera derogación tácita.
¿Es nulo el Decreto Ley N° 2.695 por contradecir la garantía constitucional del derecho de propiedad?
No, según lo resuelto en este caso. La Corte Suprema estimó que no existía colisión entre el decreto ley y la garantía del artículo 19 N° 24, porque la Constitución exige que el modo de adquirir la propiedad se establezca por ley.
¿Procede una demanda de nulidad de derecho público contra el Decreto Ley N° 2.695 cuando se alega derogación por la Constitución de 1980?
En este caso, la Corte Suprema revocó la sentencia de primera instancia que había acogido la demanda y la rechazó. Concluyó que el decreto ley seguía vigente y no era contrario a la Constitución.
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