Resumen
La nulidad de derecho público puede conceptuarse como la sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos actos de los órganos del Estado en los que falten algunos de los requisitos que el ordenamiento establece para su existencia y validez. Aparece esta institución estrechamente ligada a los artículo 6º y 7º de la Constitución Política de la República. Para que la nueva Carta Fundamental produzca la derogación tácita de preceptos pertenecientes a una ley común se requiere que la nueva Constitución contenga normas o principios distintos a los contemplados por la Carta Fundamental vigente al dictarse esta ley común. Este requisito no se da en el caso del D.L. 2695, de 1979, ya que a la época de su dictación regía el Acta Constitucional Nº 3, de 1976, cuyo artículo 1º Nº 16 reforzó una garantía ya establecida en el artículo 10 Nº 10 de la Constitución del año 1925, limitándose la Constitución de 1980 a reproducir los preceptos de dicha acta. Así las cosas toda eventual oposición entre el D.L. 2695, de 1979, y la Constitución ha de examinarse y resolverse por medio del recurso de inaplicabilidad. El D.L. 2695, de 1979, regula una modalidad especial de adquirir el dominio por prescripción de determinados bienes raíces que no transgrede la disposición contenida en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental.