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El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 4° de la Ley N° 19.886 de Compras Públicas, que establece la inhabilidad para contratar con la Administración tras una condena por infracción a derechos fundamentales del trabajador, y contra el artículo 495 del Código del Trabajo, que ordena remitir las sentencias a la Dirección del Trabajo. La requirente sostuvo que la aplicación de estos preceptos en su caso le impedía cumplir sus obligaciones contractuales, afectando la igualdad de trato y el justo y racional procedimiento, por tratarse de una inhabilidad impuesta de plano. El fallo, con votos de minoría, resolvió que los preceptos impugnados no producen resultados contrarios a la Constitución en el caso concreto, por lo que el requerimiento fue rechazado. Los ministros disidentes estimaban, en cambio, que el requerimiento debía acogerse por vulneración de la no discriminación arbitraria y del debido proceso, sin pronunciarse sobre el derecho de propiedad.

Normas citadas

  • Ley N° 19.886
  • Código del trabajo
  • Artículo 4° de la ley N° 19.886
  • Ley 21.094
  • Ley N° 20.238
  • Código Penal
  • Artículo 495 del Código del Trabajo
  • Ley N° 1.263
inaplicabilidad por inconstitucionalidadinhabilidad para contratar con el EstadoLey 19.886Código del Trabajo artículo 495derechos fundamentales del trabajadorprincipio de proporcionalidadigualdad ante la leydebido proceso

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable la inhabilidad para contratar con el Estado que establece el artículo 4° de la Ley de Compras Públicas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 4° de la Ley N° 19.886, concluyendo que sus efectos en el caso concreto no resultan contrarios a la Constitución. Hubo votos de minoría que estimaron que debía acogerse por vulneración de la no discriminación arbitraria y del debido proceso.

¿La inhabilidad para contratar con la Administración impuesta de plano tras una condena laboral vulnera el justo y racional procedimiento?

En este caso, el Tribunal sostuvo que los preceptos impugnados no producían resultados inconstitucionales, por lo que no acogió la alegación de afectación del justo y racional procedimiento. Los ministros disidentes, en cambio, sí estimaron vulnerado el debido proceso.

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