El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad pres…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra los artículos 248, letra c), y 259, inciso final, del Código Procesal Penal, relativos a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación. La mayoría rechazó la impugnación, argumentando que dicha facultad es exclusiva y discrecional del Ministerio Público, conforme al artículo 83 de la Constitución, que le otorga la dirección exclusiva de la investigación penal. Se sostuvo que el querellante no puede forzar la acusación, pues ello vulneraría el principio acusatorio y el debido proceso. No obstante, en la parte resolutiva se acogió parcialmente el requerimiento, pues se estimó que la afectación alegada solo podría configurarse en la etapa de ejecución del fallo, cuando el acto administrativo que inhabilite a la requirente para contratar con entidades públicas pueda impugnarse por las vías correspondientes.
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Preguntas frecuentes
¿El querellante puede obligar al Ministerio Público a seguir adelante con una investigación penal si este decidió no perseverar?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la decisión de no perseverar es exclusiva y discrecional del Ministerio Público, conforme al artículo 83 de la Constitución, por lo que el querellante no puede forzar la acusación sin vulnerar el principio acusatorio y el debido proceso.
¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad contra los artículos 248 letra c) y 259 inciso final del Código Procesal Penal por la decisión de no perseverar?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento, aunque la mayoría rechazó la impugnación de fondo. Estimó que la afectación alegada solo podría configurarse en la etapa de ejecución del fallo, cuando el acto administrativo que inhabilite para contratar con el Estado pueda impugnarse por las vías correspondientes.
¿Puede un acto administrativo que inhabilita para contratar con entidades públicas derivar de una decisión penal de no perseverar?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que tal efecto solo podría generar una afectación constitucional en la fase de ejecución, por lo que el eventual acto administrativo inhabilitante debe impugnarse por las vías que correspondan y no mediante la inaplicabilidad de las normas procesales penales.
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