Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Estado de Chile por las torturas sufridas por el demandante durante la dictadura militar, pero redujo la indemnización por daño moral de $80.000.000 a $50.000.000. El actor fue detenido por Carabineros el 16 de septiembre de 1973 y estuvo privado de libertad por 4 meses y 10 días, durante los cuales sufrió apremios y torturas. La Corte consideró que el Estado es responsable según los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución. El daño moral se acreditó mediante informes PRAIS y presunciones judiciales. Para fijar la indemnización, la Corte aplicó criterios de prudencia, equidad y proporcionalidad, concluyendo que el daño provenía principalmente de la privación de libertad y las torturas, sin que se demostraran daños concretos por la relegación a Copiapó. Un ministro disintió, estimando que el monto original era adecuado.