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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Fisco de Chile por…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Fisco de Chile por las torturas sufridas por la demandante durante la dictadura militar, pero redujo la indemnización por daño moral de ochenta millones de pesos a cincuenta millones de pesos. La demandante fue privada de libertad por Carabineros durante cuatro meses y diez días, período en el que sufrió golpes y apremios. El tribunal fundó la responsabilidad estatal en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, sin necesidad de ley especial, y acreditó el daño mediante informes PRAIS y presunciones judiciales. Para fijar el monto, aplicó criterios de prudencia, equidad y proporcionalidad, y concluyó que el daño derivó principalmente de la privación de libertad y las torturas, sin que se probaran perjuicios concretos por la relegación a Copiapó. Un ministro disintió, estimando que la cifra original era adecuada.

Normas citadas

  • Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 426 del Código de Procedimiento Civil
  • Artículo 186 del Código de Procedimiento Civil
responsabilidad del Estadodaño moraltorturadictadura militarprisión política y torturaindemnizaciónderechos humanosConstitución Política

Preguntas frecuentes

¿El Estado de Chile responde por las torturas sufridas por una persona privada de libertad durante la dictadura militar?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la responsabilidad del Fisco por las torturas sufridas por la demandante durante su privación de libertad por Carabineros. Fundó dicha responsabilidad en los artículos 6, 7 y 38 de la Constitución, sin necesidad de una ley especial, y acreditó el daño mediante informes PRAIS y presunciones judiciales.

¿Cómo fija un tribunal el monto de la indemnización por daño moral en un caso de torturas?

En este caso, el tribunal aplicó criterios de prudencia, equidad y proporcionalidad y redujo la indemnización de ochenta a cincuenta millones de pesos. Concluyó que el daño derivó principalmente de la privación de libertad y las torturas, sin que se probaran perjuicios concretos por la relegación a Copiapó.

¿Puede un ministro disidente de la Corte de Apelaciones dejar constancia de su opinión en una sentencia de indemnización por torturas?

En este caso, un ministro disintió y estimó que la cifra original de la indemnización era adecuada. Su voto disidente consta en la sentencia, aunque la mayoría del tribunal fijó el monto final en cincuenta millones de pesos.

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