La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de apelación en materia c…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo de un recurso de apelación en materia civil, acogió parcialmente la demanda de indemnización por daño moral presentada por una víctima de prisión y tortura durante la dictadura, elevando el monto a $110 millones. Sin embargo, en la parte resolutiva, el tribunal acogió la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco de Chile, aplicando el plazo de cuatro años del artículo 2332 del Código Civil, contado desde la publicación del Informe de la Comisión Valech I en 2004. Al constatar que la demanda fue notificada vencido dicho plazo, la Corte desestimó la acción, revirtiendo el fallo de primera instancia que había rechazado la prescripción.
Normas citadas
Código Civil
Artículo 2497 del Código Civil
Artículo 2332 del Código Civil
daño moralprescripciónprisión políticatorturaderechos humanosindemnizaciónresponsabilidad del Estadovíctima
Preguntas frecuentes
¿Prescribe la acción de indemnización de daño moral por prisión y tortura durante la dictadura en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la excepción de prescripción extintiva opuesta por el Fisco, aplicando el plazo de cuatro años del artículo 2332 del Código Civil contado desde la publicación del Informe de la Comisión Valech I, y desestimó la acción por haberse notificado la demanda vencido ese plazo.
¿Desde cuándo se cuenta el plazo de prescripción para demandar indemnización por daño moral derivado de tortura en la dictadura?
En este caso, el tribunal sostuvo que el plazo de cuatro años del artículo 2332 del Código Civil se contó desde la publicación del Informe de la Comisión Valech I, en 2004, y no desde la ocurrencia de los hechos.
¿Puede la Corte de Apelaciones revertir la decisión de primera instancia que rechazó la prescripción en una demanda civil contra el Fisco?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago revirtió el fallo de primera instancia que había rechazado la prescripción, y elevó la indemnización por daño moral a $110 millones, pero desestimó la demanda al acoger la prescripción extintiva.
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