Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por la demandante contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había reducido la indemnización por daño moral de $40.000.000 a $20.000.000. La demandante, víctima de detención ilegal, prisión política y tortura en 1988, reclamaba el monto original. La Corte de Apelaciones consideró la intensidad del daño pero también la necesidad de uniformidad con casos similares. La Corte Suprema estimó que la sentencia impugnada cumplía con los requisitos formales y que la rebaja estaba suficientemente fundamentada. Existió un voto disidente que consideró que la reducción no estaba debidamente justificada y debía mantenerse el monto de primera instancia.