Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte de Apelaciones de Santiago confirma la responsabilidad del Estado por torturas y violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar chilena contra la demandante. Se acoge la demanda de indemnización por daño moral, pero se rebaja el monto de $80.000.000 a $50.000.000 de pesos. La sentencia se fundamenta en la acreditación de los hechos de tortura, la documentación de consecuencias psicológicas y el informe del PRAIS. Se reconoce la contravención directa a normas de derecho internacional y a la Constitución Política. Un ministro disiente respecto a la rebaja del monto indemnizatorio.