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El Consejo para la Transparencia acogió los amparos interpuestos contra la Policía de I…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2023

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió los amparos interpuestos contra la Policía de Investigaciones de Chile, que había denegado el acceso a información estadística e innominada sobre funcionarios de la institución detenidos por delitos desde 2010 a quienes no se aplicó el artículo 90, letra b), de su estatuto de personal. El órgano no acreditó la inexistencia de la información, por lo que se ordenó su entrega. Si algún antecedente no obra en su poder, deberá explicarlo y acreditarlo en la etapa de cumplimiento. Además, se representó al Director General la infracción a los artículos 11, letra h), y 14 de la Ley de Transparencia, por no responder la solicitud dentro del plazo legal.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Artículo 9 de la Ley N° 19.880
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Debe un organismo público entregar información estadística e innominada sobre funcionarios detenidos por delitos si no acredita que la información no existe?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió los amparos contra la Policía de Investigaciones de Chile, porque el organismo no acreditó la inexistencia de la información solicitada y ordenó su entrega. Si algún antecedente no obra en su poder, debe explicarlo y acreditarlo en la etapa de cumplimiento.

¿Qué pasa si un organismo público no responde una solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal?

En este caso, el Consejo para la Transparencia representó al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la infracción a los artículos 11, letra h), y 14 de la Ley de Transparencia, por no responder la solicitud dentro del plazo legal.

¿Procede el amparo ante el Consejo para la Transparencia si un organismo deniega información sobre funcionarios detenidos por delitos?

En este caso, el Consejo acogió los amparos interpuestos contra la denegación de acceso a información estadística e innominada sobre funcionarios detenidos por delitos desde 2010, a quienes no se aplicó el artículo 90, letra b), del estatuto de personal.

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