La Contraloría General de la República desestimó un recurso de reclamación interpuesto…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó un recurso de reclamación interpuesto por una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile que había sido desvinculada tras un sumario administrativo. La recurrente alegaba, entre otras cosas, la existencia de viajes inexistentes y vicios de legalidad por no habérsele puesto a disposición el informe jurídico de la carpeta investigativa ni la vista fiscal. El órgano contralor concluyó que el informe jurídico no es un trámite obligatorio ni debe comunicarse a los involucrados, que la vista fiscal es un trámite obligatorio pero su notificación al inculpado no está prevista en la normativa, y que el inculpado puede conocer los antecedentes desde la formulación de cargos. Además, calificó la conducta de la funcionaria como una grave vulneración del principio de probidad administrativa del artículo 52 de la ley N° 18.575, por lo que la desvinculación se ajustó a derecho y fue proporcional a las infracciones cometidas.
Normas citadas
dto 1/82 Defen art/43
dto 1/82 Defen art/44
dto 1/82 Defen art/45
dto 1/82 Defen art/22
ley 18575 art/52
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio comunicar al inculpado el informe jurídico de la carpeta investigativa en un sumario administrativo?
En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que el informe jurídico no es un trámite obligatorio y que no debe comunicarse a los involucrados. Además, el inculpado puede conocer los antecedentes desde la formulación de cargos.
¿La vista fiscal en un sumario administrativo debe notificarse al inculpado?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la vista fiscal es un trámite obligatorio, pero que su notificación al inculpado no está prevista en la normativa.
¿Puede la Contraloría confirmar la desvinculación de un funcionario de la PDI por vulnerar la probidad administrativa?
En este caso, la Contraloría desestimó el recurso de reclamación de una funcionaria desvinculada tras un sumario. Calificó su conducta como una grave vulneración del principio de probidad del artículo 52 de la ley N° 18.575 y concluyó que la desvinculación se ajustó a derecho y fue proporcional.
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