Administrativo

La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 16.017, de 2016, que ord…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República confirmó el dictamen N° 16.017, de 2016, que ordenó al Ejército invalidar la inclusión de un funcionario en la lista anual de retiros, porque la calificación que sirvió de base adolecía de un vicio que incidió en su licitud. El organismo sostuvo que el acto administrativo goza de presunción de legalidad, pero ello no impide ejercer la potestad invalidatoria cuando se comprueba un vicio de esa naturaleza. Rechazó el argumento de que existirían situaciones jurídicas consolidadas, ya que el límite protege a terceros de buena fe y el afectado era directamente el propio funcionario. Asimismo, aplicó el principio de que nadie puede favorecerse de su propio error, por lo que mantener la inclusión sería beneficiar a la institución por su equivocación. Se instruyó regularizar la situación en un plazo de 30 días hábiles, informando a la Contraloría.

Normas citadas

  • ley 19880 art/53 inc/1
  • dfl 1/97 Defen art/118
  • dfl 1/97 Defen art/119
  • dfl 1/97 Defen art/76
  • dfl 1/97 Defen art/116
  • ley 19880 art/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Administración invalidar un acto administrativo favorable al funcionario si la calificación que lo sustentaba tenía un vicio?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el acto goza de presunción de legalidad, pero ésta no impide invalidarlo cuando se comprueba un vicio que incide en su licitud. Ordenó invalidar la inclusión del funcionario en la lista anual de retiros.

¿Se puede alegar una situación jurídica consolidada para impedir la invalidación de un acto administrativo viciado?

En este caso, la Contraloría rechazó ese argumento, porque el límite de las situaciones consolidadas protege a terceros de buena fe y el afectado era el propio funcionario. Por ello, no impedía la invalidación.

¿Puede la Administración mantener un acto por su propio error en perjuicio de la legalidad?

En este caso, la Contraloría aplicó el principio de que nadie puede favorecerse de su propio error, pues mantener la inclusión beneficiaría a la institución por su equivocación. Instruyó regularizar la situación en 30 días hábiles.

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