Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del bono postlaboral en favor de una funcionaria municipal que, a la entrada en vigencia de la ley N° 20.305, no cotizaba en el sistema previsto en el decreto ley N° 3.500, de 1980. El dictamen recordó que, según su jurisprudencia previa, el requisito de cotización debía verificarse a esa fecha. Sin embargo, complementó esa doctrina señalando que quienes ya tenían edad para pensionarse a esa fecha se encontraban en un contexto normativo distinto, quedando comprendidos en la exención de cotizar del artículo 69 del decreto ley N° 3.500, y que exigirles un requisito imposible de cumplir desnaturalizaría el beneficio. En consecuencia, concluyó que la reclamante puede acceder al bono, siempre que cumpla las demás exigencias legales, y ordenó a la Municipalidad de Los Andes remitir nuevamente sus antecedentes al Servicio de Tesorerías para que se verifique dicho cumplimiento.