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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria municipal para acceder al bono poslaboral de la ley N° 20.305. El dictamen concluye que la recurrente no cumple con uno de los requisitos copulativos exigidos por el artículo 2° de dicha ley, consistente en haber desempeñado labores en los organismos que señala la normativa con anterioridad al 1 de mayo de 1981. Según los registros del ente fiscalizador, la trabajadora ingresó a la Municipalidad de Los Andes en 1986, sin que se acrediten desempeños previos en alguna de las instituciones cubiertas. Por lo tanto, se determina que no tiene derecho al beneficio, sin que sea necesario pronunciarse sobre el otro requisito referido a cotizaciones previsionales.

Normas citadas

  • ley 20305 art/1 inc/1
  • ley 20305 art/2
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una funcionaria municipal acceder al bono poslaboral de la ley 20.305 si ingresó a la municipalidad después de 1981?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que no, porque la funcionaria ingresó a la Municipalidad en 1986 y no acreditó desempeños previos, con anterioridad al 1 de mayo de 1981, en las instituciones cubiertas por el artículo 2° de la ley.

¿Qué requisitos exige el artículo 2° de la ley 20.305 para el bono poslaboral?

En este caso, la Contraloría señaló que el artículo 2° exige requisitos copulativos, entre ellos haber desempeñado labores en los organismos indicados por la norma antes del 1 de mayo de 1981, y que la falta de uno de ellos basta para negar el beneficio.

¿Es necesario que la Contraloría revise las cotizaciones previsionales cuando no se cumple el requisito de antigüedad laboral del bono de la ley 20.305?

En este caso, el dictamen no se pronunció sobre el requisito de cotizaciones previsionales, porque el incumplimiento del requisito de desempeño previo al 1 de mayo de 1981 ya permitía determinar que no existía derecho al beneficio.

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