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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un funcionario…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de un funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile que había sido separado de su cargo. El funcionario sostenía que los hechos imputados no constituían una infracción a deberes funcionarios, sino que se fundaban en su vida privada. El organismo concluyó que un funcionario sólo puede ser sancionado por conductas que el Reglamento de Disciplina considere faltas, y que mantener una relación sentimental con una persona condenada por delito no está contemplado entre ellas. En consecuencia, ordenó reabrir el sumario administrativo para realizar una nueva ponderación de los hechos que motivaron la separación, excluyendo el hecho referido. No se pronunció, por ahora, sobre las demás alegaciones del reclamante.

Normas citadas

  • dto 1/82 defen art/53
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede sancionarse a un funcionario de la PDI por su vida privada si el Reglamento de Disciplina no la considera falta?

No. En este caso, la Contraloría sostuvo que un funcionario sólo puede ser sancionado por conductas que el Reglamento de Disciplina considere faltas, y que mantener una relación sentimental con una persona condenada por delito no está contemplado entre ellas.

¿Qué efecto tiene un dictamen de Contraloría que anula una separación de cargo basada en hechos que no son faltas disciplinarias?

En este caso, la Contraloría ordenó reabrir el sumario administrativo para realizar una nueva ponderación de los hechos que motivaron la separación, excluyendo el hecho que no constituye falta. No se pronunció todavía sobre las demás alegaciones del reclamante.

¿Puede un funcionario policial reclamar ante Contraloría la separación de su cargo fundada en hechos de su vida privada?

Sí, en este caso un funcionario de la PDI separado de su cargo reclamó ante la Contraloría sosteniendo que los hechos imputados se fundaban en su vida privada y no constituían infracción a deberes funcionarios, y el organismo acogió ese punto.

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