La Contraloría General de la República se pronunció sobre el alcance de la prohibición…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2018
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el alcance de la prohibición del artículo 61 de la ley N° 20.000, que regula el tráfico ilícito de estupefacientes. Tras revisar la historia legislativa, concluyó que el objetivo de la norma es impedir que los abogados funcionarios o empleados contratados a cualquier título en la Administración del Estado defiendan a imputados por delitos de la ley de drogas, para evitar que se generen redes delictuales que penetren los servicios públicos. Según el dictamen, la restricción abarca a esos abogados desde la primera actuación del procedimiento contra el imputado hasta la completa ejecución de la sentencia, pues el peligro subsiste también respecto de quien es condenado.
Normas citadas
Ley 20000 art/61
CPR art/7
CCI art/20
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Puede un abogado que trabaja en la Administración del Estado defender a imputados por delitos de la ley de drogas?
No. En este dictamen, la Contraloría General de la República concluyó que el artículo 61 de la ley N° 20.000 impide que los abogados funcionarios o contratados a cualquier título en la Administración del Estado defiendan a imputados por esos delitos, para evitar que se generen redes delictuales en los servicios públicos.
¿Desde cuándo rige la prohibición del artículo 61 de la ley 20.000 para abogados de la Administración del Estado?
Según este dictamen, la restricción se aplica desde la primera actuación del procedimiento contra el imputado hasta la completa ejecución de la sentencia. La Contraloría sostuvo que el peligro subsiste también respecto de quien es condenado.
¿La prohibición del artículo 61 de la ley de drogas se extiende a la etapa de cumplimiento de la condena?
Sí. La Contraloría General de la República, en este dictamen, señaló que la prohibición abarca hasta la completa ejecución de la sentencia, porque el riesgo de que se formen redes delictuales en los servicios públicos también existe respecto de quien es condenado.
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