El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la SEREMI de Vivienda y Urbani…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparaíso y ordenó entregar el capital efectivamente pagado y enterado de la Constructora Torres del Paine SpA. El Consejo consideró que esta información es pública, por ser uno de los requisitos para la inscripción de la empresa en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Desestimó la alegación de afectación a los derechos económicos y comerciales de la constructora, por no haber sido acreditada. Además, recomendó al órgano considerar, al resolver un procedimiento sancionatorio en curso, la obligación funcionaria de denunciar crímenes o simples delitos ante el Ministerio Público, prevista en el Estatuto Administrativo.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿El capital pagado de una empresa constructora es información pública si se usa para su inscripción en el Registro de Contratistas del Minvu?
En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que el capital efectivamente pagado y enterado es información pública, porque es uno de los requisitos para inscribir a la empresa en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Por eso ordenó entregarlo.
¿Puede una empresa oponerse a la entrega de información alegando que afecta sus derechos económicos o comerciales?
En este caso, el Consejo desestimó la alegación de afectación a los derechos económicos y comerciales de la constructora, porque esa afectación no fue acreditada. Sin acreditación, la oposición no prosperó.
¿Qué deben hacer los funcionarios públicos que detectan posibles delitos mientras tramitan un procedimiento sancionatorio?
En este caso, el Consejo recomendó al órgano considerar, al resolver el procedimiento sancionatorio en curso, la obligación funcionaria de denunciar crímenes o simples delitos ante el Ministerio Público, prevista en el Estatuto Administrativo.
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