El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícul…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe el acceso a penas sustitutivas. El Tribunal consideró que la exclusión total de estas penas vulnera el principio de proporcionalidad y la garantía de racionalidad y justicia del artículo 19, N°s 3° y 2° de la Constitución, al ser desproporcionada e inequitativa. Se argumentó que el ius puniendi no es absoluto y que la privación de libertad debe ser el último recurso, reservado para delitos graves. Las penas sustitutivas buscan la reinserción social, y su restricción resulta irracional al comparar la gravedad del delito del requirente con otros excluidos, generando una desproporción injustificada contraria a la Constitución.
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Preguntas frecuentes
¿La exclusión legal de las penas sustitutivas es compatible con la finalidad de reinserción social de la pena?
En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas buscan la reinserción social, y que restringir su acceso resulta irracional al comparar la gravedad del delito con el de otros condenados excluidos. Por eso declaró que la norma genera una desproporción injustificada.
¿El ius puniendi del Estado es absoluto o tiene límites constitucionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que el ius puniendi no es absoluto y que debe respetar la proporcionalidad y la garantía de racionalidad y justicia del artículo 19 de la Constitución. Por ello acogió el requerimiento contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216.
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