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La Contraloría General de la República ratificó sus oficios N°s. 79.153 y 79.157, de 20…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

Resumen

La Contraloría General de la República ratificó sus oficios N°s. 79.153 y 79.157, de 2016, en relación con las solicitudes de exfuncionarias del Servicio de Impuestos Internos para acceder al bono adicional contemplado en la ley N° 20.948. El dictamen concluye que corresponde al propio Servicio de Impuestos Internos pronunciarse sobre dichas solicitudes, ya que la normativa establece que los exfuncionarios que cumplan los requisitos legales, incluida la renuncia voluntaria, deben presentar su petición ante la institución exempleadora, que es la encargada de pagar el beneficio. Se ordenó al servicio recurrente dar cuenta de las medidas adoptadas en un plazo de 30 días hábiles.

Normas citadas

  • ley 20948 art/1 inc/1
  • ley 19882 tit/II
  • dl 3500/80 art/17
  • ley 20948 art/cuarto tran inc/1
  • ley 20948 art/4
  • ley 20948 art/7
  • CTR art/161 inc/1
  • ley 20948 art/cuarto tran inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Ante quién debe presentar un exfuncionario la solicitud para acceder al bono adicional de la ley 20.948?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la solicitud debe presentarse ante la institución exempleadora, es decir, el Servicio de Impuestos Internos, que es la encargada de pronunciarse sobre ella y de pagar el beneficio, siempre que se cumplan los requisitos legales.

¿Quién decide si un exfuncionario cumple los requisitos para el bono adicional de la ley 20.948 cuando hay dudas?

En este caso, la Contraloría sostuvo que corresponde al propio Servicio de Impuestos Internos pronunciarse sobre las solicitudes de exfuncionarias para acceder al bono adicional, por lo que no le correspondía al organismo contralor resolver el fondo de cada petición.

¿Qué plazo tiene un servicio público para informar a la Contraloría las medidas adoptadas tras un dictamen sobre beneficios a exfuncionarios?

En este caso, la Contraloría ordenó al Servicio de Impuestos Internos dar cuenta de las medidas adoptadas en un plazo de 30 días hábiles, tras ratificar sus oficios previos sobre las solicitudes de las exfuncionarias.

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