La Contraloría General de la República dictaminó que una funcionaria del Servicio de Im…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2019
Resumen
La Contraloría General de la República dictaminó que una funcionaria del Servicio de Impuestos Internos no tiene derecho a la bonificación adicional establecida en la ley N° 20.948, por cuanto, tras haber sido incluida en la nómina de beneficiarios de la Dirección de Presupuestos para el año 2017, se desistió voluntariamente del cupo asignado, lo que fue aprobado por resolución de dicho organismo. Conforme a las normas legales y al dictamen N° 14.242 de 2018, la pérdida de una de las condiciones exigidas, como es mantener el cupo, priva del beneficio. En consecuencia, se resolvió que no le asiste el derecho al pago del bono solicitado.
Normas citadas
Ley 20948 art/1
ley 20948 art/primero tran num/1 lt/a
ley 20948 art/1 tran num/2
Ley 20948 art/1 tran num/4
Ley 20948 art/1 tran num/5
Ley 20948 art/segundo tran
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Tiene derecho a la bonificación de la ley 20.948 un funcionario que renunció voluntariamente al cupo que le había sido asignado?
En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que no, porque la funcionaria se desistió voluntariamente del cupo asignado para el año 2017, lo que implicó perder una de las condiciones exigidas para recibir el beneficio. Por ello, no le asiste derecho al pago del bono solicitado.
¿Qué pasa con el bono adicional de la ley 20.948 si se pierde una de las condiciones para obtenerlo?
En este caso, la Contraloría sostuvo que, conforme a las normas legales y al dictamen N° 14.242 de 2018, la pérdida de una condición como mantener el cupo priva del beneficio. Así, se negó el pago del bono a la funcionaria del Servicio de Impuestos Internos.
¿Cómo afecta un desistimiento aprobado por resolución al acceso a bonificaciones de la ley 20.948 en el sector público?
En este caso, la Contraloría dictaminó que el desistimiento del cupo, aprobado por resolución del organismo, impidió que la funcionaria accediera a la bonificación. Por tanto, se concluyó que no tenía derecho al pago solicitado.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
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