Resumen
La Contraloría General de la República determinó que el procedimiento empleado por la Municipalidad de Recoleta en la reliquidación de las remuneraciones de una funcionaria del estamento técnico, con ocasión del incremento de grado dispuesto por la ley N° 20.922, no se ajustó a derecho. Ello, porque la municipalidad debió considerar en la comparación de remuneraciones los emolumentos sustituidos por dicha ley, como las bonificaciones de los artículos 36 del decreto N° 3.551, de 1980, y 4° de la ley N° 18.717. No obstante, se precisó que, aunque la inclusión de esas asignaciones aumentó el monto de la escala única, ello no resultó relevante para determinar el valor de la asignación de mejoramiento de la gestión municipal, ya que el cotejo no implica que los funcionarios deban percibir iguales rentas que quienes están afectos a la escala del decreto ley N° 249, de 1973. En consecuencia, la municipalidad deberá revisar los pagos y descuentos efectuados y adoptar las medidas para regularizar la situación de la funcionaria, informando a la Contraloría en un plazo de 20 días.