La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, el recurso de protección inter…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, sin costas, el recurso de protección interpuesto por una clínica en contra de los padres de un recién nacido, quienes se negaron a la vacunación BCG. El tribunal consideró que la acción de protección no es una acción popular y que la recurrente no acreditó un interés directo en el asunto, pues la negativa de los padres, basada en información científica y asesoría médica, no constituye una amenaza ilegal o arbitraria a los derechos del menor. En consecuencia, desestimó la solicitud de ordenar la vacunación, acogiendo el criterio de que no se advierte afectación, ilegalidad ni vulneración de garantías en la conducta de los padres.
Normas citadas
Ley N° 20.584
Código Sanitario
Artículo 14 de la Ley N° 20.584
Artículo 33 del Código Sanitario
recurso de protecciónlegitimación activaacción popularinterés directovacunación obligatoriaPrograma Nacional de Inmunizacionesvacuna BCGderecho a rechazar tratamiento médico
Preguntas frecuentes
¿Puede una clínica interponer un recurso de protección para obligar a los padres de un recién nacido a vacunarlo con BCG?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección porque la acción no es popular y la clínica no acreditó un interés directo en el asunto. Además, la negativa de los padres, basada en información científica y asesoría médica, no fue considerada ilegal ni arbitraria.
¿Se puede exigir judicialmente la vacunación obligatoria de un menor si sus padres se niegan?
En este caso, el tribunal desestimó la solicitud de ordenar la vacunación, al no advertir afectación, ilegalidad ni vulneración de garantías en la conducta de los padres que rechazaron la vacuna BCG para su hijo recién nacido.
¿Cuándo la negativa de los padres a vacunar a su hijo puede considerarse un acto ilegal o arbitrario en un recurso de protección?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no hubo acto ilegal ni arbitrario, porque la negativa de los padres se basó en información científica y asesoría médica. Por ello, no se afectaron los derechos del menor en los términos exigidos por la acción.
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