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La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cálculo del bono de términ…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2013

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cálculo del bono de término de conflicto del artículo 30 de la ley N° 20.559, respecto de una funcionaria pública. El dictamen original había determinado el monto del bono considerando las remuneraciones brutas de noviembre de 2011, incluyendo la asignación de estímulo del artículo 2° de la ley N° 19.999. Sin embargo, tras un reclamo, se detectó un error, ya que dicha asignación está vinculada al desempeño y debe excluirse de la base de cálculo según el artículo 19 de la misma ley. Al descontar ese concepto, las rentas brutas resultaron inferiores a $600.000, correspondiendo un bono de $230.000, monto que ya fue pagado. En consecuencia, la Contraloría reconsideró parcialmente el dictamen N° 35.865 de 2012.

Normas citadas

  • ley 19999 art/2
  • ley 20559 art/30
  • la ley 20559 art/19
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Debe incluirse la asignación de estímulo de la ley 19.999 en la base de cálculo del bono de término de conflicto del artículo 30 de la ley 20.559?

No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la asignación de estímulo está vinculada al desempeño y debe excluirse de la base de cálculo según el artículo 19 de la ley 20.559, por lo que reconsideró parcialmente su dictamen anterior.

¿Qué pasa si un organismo público calculó mal el bono de término de conflicto e incluyó conceptos que no corresponden?

En este caso, la Contraloría detectó el error tras un reclamo y, al descontar la asignación de estímulo de las rentas brutas, el monto del bono quedó en $230.000, cifra que ya había sido pagada. Así, el dictamen fue reconsiderado parcialmente.

¿Cómo se determina el monto del bono de término de conflicto cuando las remuneraciones brutas son inferiores a un determinado umbral?

En este caso, la Contraloría consideró que, excluida la asignación de estímulo, las rentas brutas resultaron inferiores a $600.000, lo que correspondía a un bono de $230.000. El pronunciamiento se basa en el resumen público del dictamen.

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