La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de una trabajadora que aleg…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó el reclamo de una trabajadora que alegaba haber recibido un monto menor al correspondiente por concepto de bono postlaboral establecido en la ley N° 20.305. La recurrente sostenía que en enero de 2012 el beneficio ascendía a $60.000, pero que en septiembre de ese año comenzó a percibir $58.000. Sin embargo, tras revisar los antecedentes y realizar los cálculos correspondientes, el organismo concluyó que la Tesorería General de la República aplicó correctamente los reajustes anuales del bono, según lo dispuesto en el artículo 10 de la ley, que ordena actualizar las cantidades en enero de cada año según la variación del IPC. Se determinó que en 2012 el monto correcto era de $57.565, por lo que el pago efectuado se ajustó a la normativa vigente.
Normas citadas
ley 20305 art/1
ley 20305 art/8 inc/1
ley 20305 art/10
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Cómo se reajusta el bono postlaboral de la ley 20.305 cada año?
En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que el artículo 10 de la ley ordena actualizar el bono en enero de cada año según la variación del IPC, y que la Tesorería aplicó correctamente esos reajustes.
¿Procede reclamar si el bono postlaboral se paga por un monto menor al que se esperaba en un año determinado?
En este caso, el organismo desestimó el reclamo porque, tras revisar los antecedentes y hacer los cálculos, determinó que el pago efectuado en 2012 coincidía con el monto que correspondía según la normativa vigente.
¿Qué debe hacer la Contraloría al revisar el cálculo del bono postlaboral ante un reclamo de un beneficiario?
En este caso, la Contraloría revisó los antecedentes y realizó los cálculos correspondientes, concluyendo que la Tesorería General de la República actuó conforme a los artículos 1, 8 y 10 de la ley 20.305.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.