El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de Coelemu, ordenando la entrega de tres decretos alcaldicios que contienen información sobre encasillamiento de funcionarios, asignación de funciones y reasignaciones de personal. El Consejo consideró que la municipalidad exigió ilegalmente el pago de costos de reproducción como condición previa para entregar la información, lo que contraviene la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N°10. Se ordenó tarjar los datos personales de contexto antes de la entrega, en aplicación del principio de divisibilidad. El tribunal apercibió al alcalde con multas y sanciones en caso de incumplimiento, y le recordó que establecer condiciones adicionales a las causales de reserva legales vulnera los principios de apertura, máxima divulgación, facilitación y gratuidad.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley 20.922
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 3.063
Ley N° 19.628
Decreto ley N° 3.063
Decreto supremo N° 2.385
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio cobrar el costo de reproducción de documentos antes de entregar información pública según la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que la municipalidad exigió ilegalmente el pago de costos de reproducción como condición previa para entregar la información, lo que contraviene la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N°10.
¿Qué ocurre si un organismo público agrega condiciones adicionales a las causales de reserva de la Ley de Transparencia?
En este caso, el Consejo recordó que establecer condiciones adicionales a las causales de reserva legales vulnera los principios de apertura, máxima divulgación, facilitación y gratuidad.
¿Cómo se entrega un documento que contiene datos personales de funcionarios públicos cuando se solicita por transparencia?
En este caso, el Consejo ordenó tarjar los datos personales de contexto antes de la entrega, en aplicación del principio de divisibilidad, y apercibió al alcalde con multas y sanciones en caso de incumplimiento.
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