El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipali…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado en contra de la Municipalidad de Coelemu, ordenando la entrega de los decretos alcaldicios relacionados con un concurso público para la provisión de cargos de planta municipal. El órgano reclamado había exigido el pago previo de costos de reproducción, lo que el Consejo consideró contrario a la Ley de Transparencia, su Reglamento y la Instrucción General N° 6, ya que no se justificó detalladamente la necesidad de fotocopiar en lugar de digitalizar la documentación. Se ordenó la entrega efectiva de la información, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, y se notificó a las partes, procediendo en contra de esta decisión el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano público cobrar por adelantado el costo de fotocopiar documentos que se pidieron por transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que exigir el pago previo de los costos de reproducción fue contrario a la Ley de Transparencia, porque el órgano no justificó por qué debía fotocopiar en lugar de digitalizar los documentos.
¿Qué pasa si un municipio no entrega decretos alcaldicios solicitados mediante una solicitud de acceso a la información?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado contra la Municipalidad de Coelemu y ordenó la entrega de los decretos alcaldicios sobre un concurso público para cargos de planta municipal, bajo apercibimiento de las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia.
¿Contra qué resolución del Consejo para la Transparencia procede un reclamo de ilegalidad?
En este caso, la decisión del Consejo que acogió el amparo y ordenó la entrega de la información fue objeto de un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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