Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una profesional funcionaria de un servicio de salud para reducir su jornada semanal durante el período asistencial obligatorio, invocando la modificación del artículo 21 del decreto N° 507, de 1990, del Ministerio de Salud, introducida por el decreto N° 7, de 2018. El dictamen concluye que la nueva norma, que permite reducir la jornada hasta 22 horas semanales por necesidades de la red o por asumir otro cargo público, rige desde su publicación y se aplica a todos los profesionales, incluidos quienes iniciaron su período antes de la modificación, pues la disposición no distingue. No obstante, la reducción procede solo si la dirección del servicio la determina, previa solicitud del interesado y considerando las necesidades de la red, debiendo extenderse el período asistencial proporcionalmente. En consecuencia, se reconoce el derecho de la recurrente a solicitar la reducción, correspondiendo al servicio resolver fundadamente.