La Contraloría General de la República se pronunció sobre el período asistencial obliga…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el período asistencial obligatorio (PAO) que deben cumplir los profesionales becados en el sistema público de salud. Dictaminó que dicho período debe ser de desempeño efectivo, sin que puedan computarse los lapsos en que el funcionario no ejerció funciones, como ocurre con los permisos sin goce de remuneraciones. Excepcionalmente, se permite la interrupción de la fase asistencial para que el especialista beneficie a los usuarios del sistema público. Respecto a las garantías para asegurar el cumplimiento del PAO, señaló que no es exigible que las cauciones sean pagaderas a la vista, pudiendo aceptarse otras como una cláusula penal en escritura pública, siempre que otorguen un resguardo efectivo al patrimonio estatal.
Normas citadas
Ley 19664 art/11
ley 19664 art/12
DTO 507/90 salud art/17
DTO 91/2001 salud art/18
DTO 507/90 salud art/22
ley 9263 art/3
ley 9263 art/11
ley 9263 art/16
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Se computan como período asistencial obligatorio los permisos sin goce de remuneraciones de un profesional becado en el sistema público de salud?
No. En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el período asistencial obligatorio debe ser de desempeño efectivo, por lo que no se pueden computar los lapsos en que el funcionario no ejerció funciones, como los permisos sin goce de remuneraciones.
¿Puede interrumpirse el período asistencial obligatorio de un especialista becado?
Solo de forma excepcional. La Contraloría indicó que se permite interrumpir la fase asistencial cuando el especialista la utiliza para beneficiar a los usuarios del sistema público de salud.
¿Qué garantías son válidas para asegurar el cumplimiento del período asistencial obligatorio?
En este caso, la Contraloría señaló que la caución no necesariamente debe ser pagadera a la vista. Puede aceptarse, por ejemplo, una cláusula penal en escritura pública, siempre que otorgue un resguardo efectivo al patrimonio estatal.
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