El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un imputado en contra del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, en el contexto de un proceso penal seguido en su contra. El requirente sostenía que la norma, al excluir la posibilidad de acceder a penas sustitutivas para ciertos delitos, vulneraba los principios de igualdad ante la ley, no discriminación y proporcionalidad de las penas. El Tribunal concluyó que la disposición no era inconstitucional, pues la exclusión responde a la potestad del legislador para establecer presidio efectivo en delitos de especial reproche, como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico ilícito de drogas, sin que ello resulte desproporcionado o discriminatorio. Asimismo, precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 2°, de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución Política
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
Ley N° 18.216, artículo 1°, inciso segundo
inconstitucionalidadigualdad ante la leyno discriminaciónproporcionalidad de las penaspena sustitutiva
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional excluir de las penas sustitutivas de la Ley 18.216 a ciertos delitos graves?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que la norma no es inconstitucional, porque la exclusión responde a la potestad del legislador para establecer presidio efectivo en delitos de especial reproche, sin ser desproporcionada ni discriminatoria.
¿El legislador puede impedir el acceso a penas sustitutivas en delitos como violencia de género o tráfico de drogas?
Según esta sentencia, sí: el Tribunal sostuvo que el legislador puede establecer presidio efectivo para delitos de especial reproche como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico ilícito de drogas, sin vulnerar la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad de las penas.
¿Quién determina la pena concreta cuando se excluye una pena sustitutiva por ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional precisó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente que conoce del proceso, y no al Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad.
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