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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que establece penas sustitutivas. El requirente argumentaba que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que el impedimento de acceso a penas sustitutivas es constitucional, pues no existe un derecho subjetivo a ellas, la política criminal la fija el legislador dentro de límites constitucionales, y no se configura un trato discriminatorio. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.

Normas citadas

  • Artículo 1° de la Constitución Política
  • Artículo 19 numeral 2° de la Constitución Política
  • Artículo 19 numeral 3° inciso sexto de la Constitución Política
  • Artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
inconstitucionalidadigualdad ante la leyprocedimiento racional y justoproporcionalidad de las penaspena privativa de libertad

Preguntas frecuentes

¿El impedimento legal para acceder a penas sustitutivas en Chile es constitucional?

Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el impedimento del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 no vulnera la Constitución, porque no existe un derecho subjetivo a las penas sustitutivas.

¿Puede un condenado alegar discriminación si la ley le impide acceder a penas sustitutivas?

En este caso, el Tribunal descartó que se configure un trato discriminatorio, pues sostuvo que la política criminal corresponde fijarla al legislador dentro de los límites constitucionales. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.

¿Quién define los requisitos para las penas sustitutivas en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que es el legislador quien fija la política criminal, incluidos los requisitos de acceso a las penas sustitutivas, dentro de los límites que impone la Constitución.

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