El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas en determinados casos. El requirente sostenía que dicha norma era inconstitucional. El Tribunal rechazó el requerimiento tras concluir que, al tratarse de un control concreto, la disposición no resulta desproporcionada ni vulnera la igualdad ante la ley, pues el legislador puede establecer penas de presidio efectivo para delitos que conllevan un reproche adicional, como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o robadas, y tráfico o producción de drogas. Asimismo, precisó que la eventual pena que pudiera imponerse al requirente corresponde ser determinada por el tribunal penal competente y no por esta Magistratura.
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1 y 24
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a determinados delitos en la legislación penal chilena?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que la exclusión del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 no es desproporcionada ni vulnera la igualdad ante la ley. Estimó que el legislador puede imponer presidio efectivo a delitos con reproche adicional, como violencia de género, armas prohibidas o robadas, y drogas.
¿Puede el Tribunal Constitucional determinar la pena concreta que corresponde a una persona condenada por un delito?
No. En este caso, el Tribunal precisó que la eventual pena que pudiera imponerse al requirente debe ser determinada por el tribunal penal competente y no por el Tribunal Constitucional.
¿Qué es un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y cómo se resolvió en este caso?
En este caso, el requirente cuestionó la constitucionalidad de una norma de la Ley N° 18.216 que excluye penas sustitutivas, y el Tribunal lo rechazó al tratarse de un control concreto. La disposición fue considerada compatible con la Constitución y con el principio de igualdad ante la ley.
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