El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por supuesta inconstitucionalidad. El requirente sostenía que la norma limitaba la facultad del juez para imponer la pena más adecuada al caso concreto, vulnerando los artículos 1°, 19 N°2 y 19 N°3 inciso sexto de la Constitución. El Tribunal consideró que la disposición no es desproporcionada ni discriminatoria, pues el legislador puede excluir penas sustitutivas en delitos específicos como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas, sin que ello afecte la igualdad ante la ley. La decisión se fundó en que el control de constitucionalidad no evalúa la pena concreta, materia del tribunal penal.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 2°, de la Constitución Política
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto, de la Constitución Política
Ley N° 18.216
inaplicabilidadinconstitucionalidadigualdad ante la leyno discriminaciónproporcionalidad de las penas
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas en ciertos delitos, como los de violencia de género o tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la norma no es desproporcionada ni discriminatoria, porque el legislador puede excluir penas sustitutivas en delitos específicos sin afectar la igualdad ante la ley.
¿Puede un juez imponer una pena sustitutiva distinta a la prevista por la ley para un delito determinado?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma que limita la facultad del juez para elegir la pena más adecuada no vulnera la Constitución, ya que el legislador puede fijar esas exclusiones.
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar si una pena concreta impuesta por un juez es adecuada al caso?
En este caso, el Tribunal explicó que el control de constitucionalidad no evalúa la pena concreta, pues esa materia corresponde al tribunal penal que conoce del asunto.
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