El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de La Araucanía rechazó la reclamación d…
Sentencia · Tribunal Tributario y Aduanero · 2011
Resumen
El Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de La Araucanía rechazó la reclamación de un contribuyente y confirmó una infracción cursada por la Dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos, sancionada en el artículo 97 N° 10 del Código Tributario. El contribuyente omitió emitir factura en una venta de chatarra, y la compradora emitió una factura de compra sin tener la calidad de agente retenedora del IVA. El tribunal consideró configurada la infracción, aplicando como atenuante que los impuestos de la operación fueron declarados y pagados. En consecuencia, impuso una multa de dos unidades tributarias mensuales y un día de clausura del establecimiento, sin condena en costas por estimar que el reclamante tuvo motivos plausibles para litigar.
Normas citadas
Código Tributario
D.L. N° 825
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Artículo 107 del Código Tributario
Artículo 3° del D.L. 825
Ley de Impuesto a la Renta
Código de Procedimiento Civil
Circular N° 60
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un contribuyente no emite factura en la venta de chatarra y el comprador emite una factura de compra sin ser agente retenedor del IVA?
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero de La Araucanía rechazó la reclamación y confirmó la infracción del artículo 97 N° 10 del Código Tributario por omitir emitir factura en la venta. Consideró como atenuante que los impuestos de la operación fueron declarados y pagados.
¿Qué sanción se aplica por omitir la emisión de factura en una venta según el Código Tributario?
En este caso, el tribunal impuso una multa de dos unidades tributarias mensuales y un día de clausura del establecimiento. La sanción se fijó considerando como atenuante el pago oportuno de los impuestos de la operación.
¿Procede condena en costas cuando el contribuyente reclama una infracción tributaria y pierde?
En este caso, el tribunal no condenó en costas al reclamante, por estimar que tuvo motivos plausibles para litigar. Así, aunque la reclamación fue rechazada, no se le impuso el pago de las costas del juicio.
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