La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 333, de 2011, del Mini…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 333, de 2011, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento para solicitar al Servicio de Impuestos Internos antecedentes de los deudores de crédito universitario, por considerarlo ajustado a derecho. Sin embargo, hizo presente que el decreto fue remitido con evidente retraso: emitido el 27 de septiembre de 2011 y reingresado para control preventivo el 8 de octubre de 2012, tras subsanar observaciones. Ese atraso fue considerado una infracción al artículo 8° de la ley N° 18.575 y al principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880, que obligan a los órganos públicos a actuar por propia iniciativa y con rapidez. En consecuencia, el Ministerio deberá adoptar medidas para que sus instrumentos se dicten y envíen a tramitación oportunamente.
Normas citadas
ley 18575 art/8
ley 19880 art/7
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si un órgano de la administración del Estado demora demasiado en enviar un decreto a control de legalidad en Contraloría?
En este caso, la Contraloría tomó razón del decreto por ajustarse a derecho, pero consideró infringidos el artículo 8° de la ley N° 18.575 y el principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880 por el retraso en su remisión. Por ello ordenó al Ministerio adoptar medidas para que sus instrumentos se dicten y envíen oportunamente.
¿Puede la Contraloría tomar razón de un decreto y, al mismo tiempo, formular observaciones por la demora de la Administración?
Sí, según este dictamen. La Contraloría tomó razón del decreto del Ministerio de Educación que aprueba el reglamento de consulta de antecedentes de deudores de crédito universitario, y además hizo presente el evidente atraso en su envío a control preventivo.
¿Qué deber tienen los órganos públicos de actuar con rapidez y por propia iniciativa en la tramitación de sus actos?
En este caso, la Contraloría sostuvo que los órganos públicos deben actuar por propia iniciativa y con rapidez, conforme al artículo 8° de la ley N° 18.575 y al principio de celeridad del artículo 7° de la ley N° 19.880. Por eso consideró una infracción el atraso del Ministerio en reingresar el decreto para control.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2012
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